La Asociación Héroes de Cavite ha remitido una carta abierta a diputados, senadores y parlamentarios europeos expresando su profunda preocupación por el Acuerdo Aduanero sobre Gibraltar que el Gobierno pretende ratificar sin control democrático. Denuncian que este acuerdo supone cesiones inaceptables de soberanía nacional y consolida ventajas británicas tras el Brexit sin contrapartidas equilibradas. Exigen a los representantes públicos que voten negativamente en el Parlamento Europeo y exijan una votación vinculante en las Cortes Generales.

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El Tratado de Gibraltar de 2026, negociado para regular la integración fronteriza tras el Brexit, reconoce involuntariamente diez competencias institucionales gibraltareñas en derecho internacional vinculante: desde el Parlamento hasta los tribunales, pasando por las autoridades sanitaria y de datos. España —el Estado que reclama soberanía sobre el Peñón— ha firmado así el argumento que Gibraltar necesitaba ante el Comité de Descolonización de la ONU. El artículo 2 de salvaguarda protege la reclamación territorial española, pero no puede deshacer el reconocimiento de autogobierno efectivo construido en los 378 artículos restantes.

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La Asociación Héroes de Cavite presenta un Manifiesto Ciudadano sobre el Acuerdo de Gibraltar, denunciando que su ratificación sin control democrático supone una alteración de principios esenciales del Estado de Derecho. El manifiesto detalla cesiones de soberanía inaceptables, como el reconocimiento de la soberanía británica sobre el Istmo y la consolidación de ventajas para el Reino Unido tras el Brexit.
Exigen una votación vinculante en las Cortes Generales y el compromiso de revisión del acuerdo en caso de cambio de gobierno.

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El tratado entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar tiene texto cerrado, revisión jurídica completada y calendario de aplicación fijado para abril. Pero en España nadie lo ha podido leer: ni el Congreso, ni el Senado, ni la opinión pública. Mientras Gibraltar informa a su oposición y sectores económicos, el Gobierno español guarda silencio. La maniobra para calificarlo como acuerdo «EU-only» busca evitar la ratificación de las Cortes. Un tratado que afecta a soberanía, fronteras y aguas territoriales no puede aplicarse sin control democrático.

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Las declaraciones de Charles Powell sobre el papel de Juan Carlos I en la entrada española en la UE no son una simple aportación académica. Publicadas durante la fase final de la negociación del Acuerdo Aduanero sobre Gibraltar, representan una interpretación con clara intencionalidad política. El artículo expone cómo el Reino Unido ha utilizado históricamente Gibraltar como instrumento de presión, desde las promesas de Churchill a Franco hasta el veto de Thatcher a González. Tras el Brexit, Londres ha radicalizado esta estrategia, incluso simpatizando con el independentismo catalán. La cuestión central: ¿por qué resurge esta narrativa ahora, justo cuando España negocia en posición de debilidad?

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El Informe Openshaw sobre el caso McGrail desvela la realidad de Gibraltar: un sistema donde poder político, grandes bufetes e intereses económicos forman una red cerrada resistente al control público. Cuando la policía ejecutó un registro judicial en el bufete más influyente del Peñón, la respuesta fue política, no jurídica. Ian McGrail fue apartado por no entender los límites no escritos del poder. El informe muestra la inexistencia de cortafuegos entre interés público y privado: llamadas, reuniones sin actas, presiones indirectas. Un patrón que se repite a mayor escala y que expone un modelo de poder agotado.

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La intervención del embajador español ante la ONU el 15 de octubre marca un giro histórico en Gibraltar: España abandona la reivindicación de soberanía para presentar el acuerdo UE-Reino Unido como «prosperidad compartida«. Si el Comité de Descolonización interpreta que el conflicto está resuelto, Gibraltar podría salir de la lista de territorios pendientes sin debate parlamentario. La UE actúa como «neutral» entre Madrid y Londres, priorizando estabilidad sobre soberanía. Sectores de izquierda y nacionalismos que apoyan al gobierno coinciden con esta narrativa «pragmática«. España podría perder silenciosamente su legitimidad diplomática histórica.

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El 8 de octubre de 2025, el Congreso vivió un momento histórico: el gobierno español presenta como éxito el acuerdo que legitima la jurisdicción británica en Gibraltar y permite su acceso al Mercado Único. La verja “cae” pero principalmente para Gibraltar, mientras los trabajadores españoles mantienen un régimen desigual. España asume diferencias sociales y fiscales, pero Gibraltar retiene beneficios y control migratorio. Se consagra así la soberanía británica sobre el istmo y las aguas. Cuestiona la tradicional defensa de la soberanía española, pero será calificado como «avance pragmático«.

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